Ciudad de México, martes 23 de octubre, 2012.– El senador priista Arturo Zamora Jiménez, presentó reformas a la Constitución, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a los mexicanos en ejercicio del derecho de petición, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, y no en breve término, como se especifica actualmente.
Explicó que la Carta Magna establece la obligación de las autoridades de atender las peticiones de los ciudadanos y dar respuesta escrita al peticionario en breve término, que lejos de garantizar una expedita administración, introduce una clarísima inseguridad jurídica en perjuicio de los gobernados.
Además, abundó, esa expresión, lejos de interpretarse en su más recto sentido de celeridad e inmediatez, más bien introduce una clara imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de los servidores públicos encargados de su cumplimiento.
Por ello, consideró que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad ante quien se haya presentado, la cual tiene obligación de notificarlo al peticionario dentro del término de 15 días hábiles, con excepción de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga.
El término de 15 días hábiles que se propone –añadió--, es más que suficiente para resolver sobre la respuesta que debe darse a los ciudadanos en cualquier
Materia.
El legislador dijo que no pasa inadvertido que dentro de la administración pública federal, estatal y municipal existen procedimientos administrativos en que las leyes señalan términos mayores a 15 días hábiles para dar una respuesta a los ciudadanos. “Toda norma jurídica, para que sea exitosa, necesita de un delicado proceso de adecuación a las nuevas circunstancias”, apuntó.
“Por ello el proyecto que hoy propongo dispone de una vacatio legis (periodo que transcurre desde la publicación de una norma en el Diario Oficial hasta que entra en vigor) que se extenderá hasta por un año a partir de la promulgación de la reforma.
En ese término, dijo finalmente, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adecuar sus procedimientos administrativos para dar satisfacción oportuna a la nueva norma constitucional.
La iniciativa, que reforma el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución, fue turnada a comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera.
