México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– El Senado dio entrada a la iniciativa del presidente Felipe Calderón, que busca crear la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con la finalidad de regular la organización, operación y funcionamiento de este tipo de corporaciones y, con ello, proteger los intereses públicos.
De esta manera, el Ejecutivo federal pretende unir en un solo ordenamiento a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Federal de Instituciones de Finanzas.
Propone que este tipo de empresas divulguen y transparenten su situación financiera, a fin de que asuman su responsabilidad ante el mercado y den a conocer su perfil de riesgo y nivel de capitalización.
Sin embargo, se precisa en el documento, ello no implica de ninguna manera que el Estado deje de cumplir con su función de supervisión.
En este sentido, se sugiere que esas empresas efectúen anualmente una prueba de solvencia dinámica, a fin de evaluar la suficiencia de sus fondos propios admisibles para cubrir el requerimiento de capital.
Asimismo, las instituciones estarán obligadas a revelar al público su nivel de riesgo, conforme a la calificación de calidad crediticia que les otorgue una empresa calificadora especializada.
El presidente Calderón dejó en claro que de aprobarse su propuesta contribuiría a la transformación del mercado de garantías, al incorporar el seguro de caución, en un entorno de mayor competencia, eficiencia y eficacia.
Al respecto, hizo notar que mediante esta figura “una aseguradora se obliga a indemnizar al asegurado, a título de resarcimiento o penalidad, por los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos en el contrato de seguro”.
Por otro lado, se destaca que uno de los propósitos fundamentales es que las aseguradoras y afianzadoras cuenten con recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades y todos los riesgos a los que estén expuestas.
Para lograr lo anterior, se les permite desarrollar modelos internos que calculen su nivel de “capital ideal” con base en los riesgos propios, los cuales deberán atender ciertos principios y obtener la aprobación por parte del órgano supervisor.
De igual manera, se pretende que estas instituciones dispongan de un sistema “eficaz” de gobierno corporativo, con la finalidad de garantizar una gestión sana y prudente de su actividad, además su instrumentación estará a cargo de su consejo de administración.
La iniciativa también redistribuye las facultades que actualmente tienen la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sin modificar las que corresponden al Banco de México y otorga atribuciones a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros.
El ejecutivo federal propone prisión de tres a quince años y multa de 5 mil a 20 mil días de salario a quienes infrinjan esta ley.
En el documento se subraya que a pesar de la crisis mundial que afectó a los mercados internacionales durante 2008, los sectores de seguros y finanzas en México mostraron un crecimiento real de sus primas directas del 1.0 y 6.6 por ciento respectivamente. No obstante, destaca la necesidad de revisar el marco normativo de la actividad aseguradora y afianzadora para avanzar en la actualización del régimen vigente relativo a la solvencia, estabilidad y seguridad de este sistema.
Por ello, se explica, esta propuesta contiene los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia, de tal forma que permitan “el desarrollo sano y ordenado de estas actividades para las próximas décadas”.
La iniciativa que busca expedir la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reformar la de Contrato de Seguro se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.
