México, D.F., martes 23 de agosto, 2012.– La senadora priista Hilda Estela Flores Escalera planteó modificaciones a diversos ordenamientos con el propósito de crear un mecanismo eficaz para garantizar la pensión alimenticia a quienes tengan ese derecho.
En este sentido, propuso un esquema de obligatoriedad de patrones para que informen puntualmente al sistema de seguridad social respecto de los trabajadores que tengan la obligación, por resolución o convenio judicial, de otorgar pensión alimentaria.
El patrón también tendrá la obligación de llevar un registro de deudores alimentarios respecto de los trabajadores que tengan afiliados, e informar a la autoridad judicial en dónde se decretó la entrega de pensión alimenticia respecto de trabajadores obligados.
Además, le da a la autoridad judicial la atribución para comunicar al patrón la obligación de la deuda alimentaria respecto de aquellos trabajadores que contrate.
En la normativa vigente --explicó-- se establecen disposiciones que aseguran que la pensión llegue a quienes tienen derecho a recibir los derivados de una relación de parentesco e incluso se coloca por encima del correspondiente a los ingresos y bienes de quien tenga bajo su responsabilidad el abastecimiento de alimentos.
Sin embargo, consideró que muchas veces “escapa a la Ley” la manera de hacer exigible y verificable el cumplimiento de este derecho, especialmente en los casos en que existe una separación temporal o definitiva entre conyugues o concubinos, pues no hay garantía de que se cumpla con el derecho de alimentos y se evite poner en riesgo el desarrollo de los hijos.
La propuesta, recalcó, pretende abarcar el gran universo de trabajadores inscritos en los sistemas de seguridad social en el país, los asegurados por el ISSSTE, IMSS e ISSFAM, donde hay un número importante de trabajadores deudores alimentarios que quedan fuera.
La iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes de los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal, se turnó a las comisiones unidas de Seguridad social y de estudios legislativos.
