Ciudad de México, lunes 12 de noviembre de 2012.– La Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora perredista Angélica De la Peña Gómez, inició el proceso de comparecencias de los candidatos para sustituir a dos integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH.
El pasado 8 de octubre el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, informó al Senado de la República que los consejeros Patricia Kurczyn Villalobos y Rafael Estrada Michel son los integrantes con mayor antigüedad dentro del Consejo, por lo que como marca la ley, deben ser sustituidos.
Al iniciar la ronda de intervenciones, Sergio Jaime Rochin del Rincón, profesor de la Universidad Panamericana, se pronunció por un marco legal para “hacer operativas” las comparecencias de las autoridades que rechacen o incumplan las recomendaciones de la CNDH, así como garantizar a las víctimas una reparación integral del daño por la violación de sus derechos humanos.
Apuntó que los derechos humanos “son el nuevo paradigma constitucional y base para la convivencia social, pero en la práctica todo esto sigue siendo un simple discurso”, porque en el espacio de lo cotidiano muchas personas carecen de la posibilidad real de ejercerlos.
En su exposición, la ex embajadora Olga Pellicer Silva destacó la contradicción entre los cambios constitucionales para fortalecer el rubro y los “retrocesos inquietantes” durante los últimos seis años, como la violación a los derechos de los migrantes centroamericanos y los asesinatos de periodistas.
Afirmó que para concretar la reforma constitucional se necesita “un sistema judicial con recursos humanos, jueces y ministerios públicos que conozcan los compromisos internacionales para incorporarlos en sus fallos y sentencias”.
A su vez, Federico Fleischmann Loredo, presidente fundador de la organización Libre Acceso, manifestó que los derechos humanos de las personas con discapacidad son violados de manera constante y rutinaria, lo que impide su inclusión a entornos como el educativo, laboral y social.
Dijo conocer la problemática de este sector de la población “de primera mano”, por lo que “me siento capaz de participar en su solución y como representante de la sociedad mexicana quiero emitir propuestas, observaciones y comentarios que garanticen la adecuada promoción, protección y defensa de todos los grupos sociales cuyos derechos humanos son violados”.
En tanto, la activista Ana María Sarquís Domínguez mencionó que tiene más de treinta años de experiencia en defender los derechos humanos de diversos sectores de la población como el de los adultos mayores y discapacitados.
Por ello, expresó que de ser elegida como integrante del Consejo Consultivo, impulsará políticas públicas orientadas a esos sectores, a fin de que cuenten con un “verdadero apoyo institucional”.
En tanto, el activista José Luis Fernández Navarro, consideró que se requiere un trabajo integral para fortalecer la cultura de la legalidad.
Resaltó que es urgente promover la defensa de los derechos fundamentales en las comunidades indígenas, pues es uno de los grupos más vulnerables.
Por otro lado, la abogada Diana Ortiz Trujillo manifestó que los ciudadanos demandan “que termine la violencia en nuestro país, que nuestros hijos puedan salir a las calles y jugar y que termine la extorsión”.
En este contexto, agregó, uno de los retos del Consejo es establecer los parámetros para investigar las violaciones graves de los derechos humanos, facultad que antes de la reforma constitucional de 2011 le correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su turno, Salvador Felipe Arias Ruelas, catedrático de la UNAM, consideró que la CNDH ha crecido “excesiva y desordenadamente”, por lo que es necesario buscar una reingeniería que evite la duplicidad de funciones y propicie una distribución más justa y ordenada de las cargas de trabajo y especialice a sus servidores públicos.
De igual forma, expresó su “preocupación” porque el Procedimiento de Queja se ha sujetado a una serie de controles y trámites “que lo han hecho lento y burocrático, por eso debería revisarse y hacerlo más ágil”.
Por último, el candidato Enrique Rafael León Álvarez comentó que el ser consejero “implica una gran responsabilidad de carácter social”, además de tener los conocimientos teóricos y prácticos, así como la “sensibilidad” para resolver los problemas relacionados con los derechos humanos.
En este sentido, expuso que conoce el tema de los derechos humanos desde la década de los ochenta y tiene la sensibilidad para crear condiciones o lineamientos generales que permitan dar soluciones adecuadas.
