Pide Senado a Rubén Moreira aclare nuevo crédito

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– El Senado de la República pidió al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que cumpla con transparentar toda la información referente a la deuda actual de la entidad antes de solicitar un nuevo crédito.

Los senadores le solicitaron que dé a conocer los contratos que dieron origen al total del pasivo, el desglose de las inversiones públicas productivas u obras que se realizaron con los recursos de la deuda, así como las acciones legales que ha iniciado la entidad para sancionar a los responsables y fincarles responsabilidades.

Además, le requirieron toda la información, documentos y justificaciones relativas al crédito de 950 millones de pesos que pretende solicitar.

Al presentar el punto de acuerdo, que fue aprobado con 59 votos a favor y 48 en contra, el senador panista Luis Fernando Salazar Fernández señaló que el gobernador de Coahuila envió al congreso local la petición de “un nuevo endeudamiento para la entidad por 950 millones de pesos”.

Explicó que se trata de “un escueto documento de seis cuartillas donde su secretario de Finanzas ni siquiera se toma la molestia de adjuntar las explicaciones que demanda la legislación en vigor y mucho menos los documentos que justifiquen la necesidad de este empréstito”.

Indicó que del documento se “desprende una irregularidad grave”, pues busca refinanciar pasivos bancarios, lo que no es posible porque la Constitución establece que los estados y municipios “no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino se destinan a inversiones públicas productivas”.

Y refinanciar o reestructurar deuda --apuntó-- no es una inversión pública productiva.

A su vez, la senadora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo dijo que su grupo parlamentario votaría en contra de este exhorto “porque no se ha dicho que se refiere a un nuevo fondo que abrió el gobierno federal y que no está abierto solamente para Coahuila si no para todos los gobiernos”.

Señaló que ese crédito no lo pidió el gobierno de Coahuila sino “que es una oportunidad que se está dando”, ya que es un fondo federal para infraestructura o seguridad y “aquí se está hablando de salvar créditos”.

Consideró que “en el afán de la llamada transparencia y rendición de cuentas, donde venimos a inmolarnos todos los días aquí, pues hay que agregar a más y qué tal si traemos aquí al estado menos transparente del país, que es Sonora, o por qué no traer al que está más endeudado, que es el Distrito Federal”.

En su turno, el senador panista Carlos Mendoza Davis manifestó que “nos encontramos frente a un acto que lastima a la ya de por sí ofendida sociedad coahuilense, pues se trata de solicitar un nuevo crédito para el gobierno del estado”.

Dijo que de 2006 al primer trimestre de 2012, la deuda de la entidad creció 8 mil 591 por ciento al pasar de 420 millones de pesos a 36 mil 504 millones, lo que significa que los coahuilenses destinan anualmente más de 4 mil millones de pesos para dar servicio a este pasivo “que no necesariamente implica pagarlo”.

“Desafortunadamente en el caso de Coahuila lo que menos hemos visto es responsabilidad en el manejo de sus finanzas públicas”, subrayó.

A su vez, el senador perredista Armando Ríos Piter mencionó que no hay que señalar la deuda como algo malo si es que se le da un buen uso; por ejemplo, la Línea 12 del Metro costó 25 mil millones de pesos, por lo que “quisiera saber qué conjunto de obras en Saltillo o en todo el estado de Coahuila están ahí”.

Lo que se está pidiendo --apuntó-- es transparencia para que se presente la información que hoy les cuesta a los ciudadanos de Coahuila.

Además, se pronunció por una reforma fiscal que le permita a los estados generar sus propios ingresos y “no se quieran ir con la lógica de aplicar IVA a alimentos y medicinas, que no es la solución”.

Analizan cambiar nombre a la Comisión de Equidad

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– La Comisión de Equidad y Género, que preside la senadora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, discutió este jueves una iniciativa para cambiar el nombre de la Comisión por el de Igualdad de Género.

Las senadoras destacaron que el tema de la igualdad de género es relevante no sólo para la Comisión sino para el Senado, porque es fundamental tener dicho principio como idea fundamental para legislar.

Se busca --precisaron-- la igualdad sustantiva y no confundir el concepto de género, ya que la mayoría de las veces se piensa que es sólo de mujeres, pero en realidad tiene que ver con un concepto relacional entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, y mujeres y mujeres.

En la reunión de trabajo también se aprobó la agenda de actividades que realizarán junto con las comisiones respectivas, con el propósito de conmemorar los días internacionales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de las Personas con Discapacidad; y mundiales de la lucha contra el SIDA y de los Derechos Humanos.

A la sesión acudieron las senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, y María Lucero Saldaña Pérez, del PRI, y Angélica de la Peña Gómez, del PRD, en su calidad de secretaria de la Comisión.

Comparecerán aspirantes al Consejo Consultivo de la CNDH

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– La Comisión de Derechos Humanos, que encabeza la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, acordó citar a comparecer, la próxima semana, a los cinco candidatos a ocupar tres vacantes en el Consejo Consultivo de la CNDH.

Los legisladores conocerán las trayectorias y propuestas para la protección, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos, de Ninfa Delia Domínguez Leal, Gloria Ramírez Hernández, María del Carmen Ávila y Castelazo de Gutiérrez, Paulina Vega González y Ricardo Pérez García.

Los cinco servidores públicos fueron propuestos para sustituir a la doctora Graciela Rodríguez Ortega, ya fallecida, y a los exconsejeros María Patricia Cursing Villalobos y Rafael estrada Michel, quienes son los de mayor antigüedad en el cargo.

La senadora de la Peña dio a conocer que tras el encuentro con los candidatos se elaborará un dictamen que será sometido a la consideración del pleno del Senado.

En la primera reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión también se votó a favor de analizar y dictaminar una propuesta del grupo parlamentario del PRI, para sostener un intercambio de opiniones con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.

Asistieron los senadores panistas Mariana Gómez del Campo, Adriana Dávila Fernández y Roberto Gil Zuarth; Lucero Saldaña Pérez y Miguel Romo Medina, del PRI, así como Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde.

Piden ampliar plazo para constituir Instituto de Economía Social

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– Integrantes de la Comisión de Fomento Económico, pedirán al Ejecutivo federal ampliar el plazo para regularizar durante 2013 la operación del Instituto Nacional de Economía Social, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. El presidente de la Comisión de Fomento Económico, José Ascensión Orihuela Bárcenas, invitó a los integrantes de ese órgano legislativo a suscribir la iniciativa que reforma algunos artículos de la Ley de la Economía Social y Solidaria para su consulta y firma la próxima semana.

Indicó que ya se vencieron los plazos previstos para constituir el Instituto que asumirá las funciones del Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad, por cuestiones presupuestales.

El decreto establece que el referido instituto debería haber quedado constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a 180 días naturales, pero ya se agotó el plazo, por lo que se pide una ampliación para regularizar durante el 2013.

El instituto tendrá como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, para fortalecerlo y consolidarlo como uno de los pilares del desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

Al respecto, el senador Teófilo Torres Corzo del PRI, dijo que se hacen las leyes buscando el beneficio social, pero a veces olvidamos los legisladores que atrás de esas reformas existe la necesidad de presupuestar.

“Me parece que las propuesta de retrasar un año esta ley a efecto de presupuestar es lamentable y va en contra del país y la sociedad”, apuntó.

Una de las fortalezas que nos da el trabajo será el poder presentar iniciativas de manera conjunta por la comisión y que sean de amplio consenso. Ello será un mensaje que sin duda podrá captar la Colegisladora y atender la solicitud de la Comisión de Fomento Económico.

A la reunión también asistieron los senadores Ángel benjamín Robles Montoya del PRD y Fernando Herrera Ávila, del PAN.

Solicita Senado a SFP cumplir con servicio profesional de carrera

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– El Senado conminó a la Secretaría de la Función Pública a cumplir con los objetivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en los nombramientos registrados en los órganos internos de control de diversas dependencias y entidades del gobierno federal, durante el ejercicio fiscal 2012.

Del mismo modo, solicitó que en un plazo de 15 días naturales la SFP informe sobre el nombre, cargo, dependencia o entidad, sueldo bruto y neto, clave de puesto, fecha de nombramiento y antigüedad de los titulares de los órganos internos de control y de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades que hayan sido nombrados en 2012.

Según el punto de acuerdo aprobado, la dependencia federal también debe dar cuenta del número de auditorías iniciadas y concluidas en las dependencias y entidades en las que se hayan registrado este tipo de movimientos, así como los criterios utilizados para realizar dichos nombramientos.

Al presentar la propuesta, la senadora priista Graciela Ortiz González afirmó que “México ha tenido retrocesos en materia de combate a la corrupción en los últimos años y esto representa un reto que debe ser superado con la mayor prontitud”.

Hizo notar que a menos de seis meses de concluir la presente administración, la SFP remplazó a los titulares de 22 órganos internos de control, incluidos los de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agricultura y Energía.

Además, dijo, removió y sustituyó a 58 titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades de 45 entidades, entre las que destacan Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración, Triple Servicios, entre otros.

Sin embargó, aseguró, “desde mediados de este año todos los órganos internos de control tienen instrucciones de no iniciar nuevas auditorías y, de ser posible, cerrar todas las que estén pendientes antes de que concluya el actual sexenio, como si las obligaciones legales encomendadas a la Secretaría de la Función Pública tuvieran un plazo perentorio”.

Para el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, falta menos de un mes para que se haga la entrega-recepción del gobierno y la pregunta es ¿qué va a suceder con los contralores o con el secretario que vaya a recibir, justamente, estas funciones?

¿Acaso esta administración no quiere entregar cuentas? ¿No quiere contribuir con el período de transición, para poder entregar todos estos expedientes y estas auditorías?, cuestionó el legislador.

En tanto, el senador panista Salvador Vega Casillas aseguró que la corrupción se encuentra más en los estados, pues el 400 por ciento de los casos corresponde a los gobiernos locales, mientras que sólo el 6 por ciento tiene que ver con la administración federal.

Subrayó que se puede hacer “una larga lista” de temas de corrupción en las entidades federativas pero “no sabemos de un solo detenido que haya sido procesado o sujeto a sanciones administrativas o penales, como sucede en el gobierno federal”.

A su vez, el senador perredista Mario Delgado Carrillo señaló que no puede utilizarse la estructura gubernamental “como un refugio de políticos que están próximos a dejar la administración pública”.

En este sentido, consideró que el servicio profesional de carrera no puede ser vulnerado, “por más urgencia que se tenga dentro de algunos grupos políticos ante la eminencia del desempleo”.

Pide Senado reforzar seguridad en autopista México-Toluca

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– La Cámara de Senadores demandó a la Policía Federal implementar un operativo de seguridad vial, consistente en unidades dotadas de radares con medidores de velocidad e instalación de medidas de reducción de velocidad en los puntos considerados de alto riesgo en la autopista México-Toluca.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar una auditoría técnica y elaborar un diagnóstico integral de medidas con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes en el tramo ubicado entre el kilómetro 13 y el 18.

Al presentar el acuerdo, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez resaltó que de acuerdo con la información del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, el CESVI, la tasa anual de accidentes en ese tramo carretero, es de 1.83 accidentes por kilómetro cuadrado.

El legislador del Partido Verde Ecologista informó que al año se registran alrededor de 94 accidentes, en los que se ven involucrados en promedio 135 automóviles, y en los que 13 personas pierden la vida y 81 más resultan lesionadas.

Las pérdidas materiales, dijo, se estiman en 38 millones de pesos por año, sin contar el tiempo perdido y el tráfico ocasionado a consecuencia de estos accidentes.

Expuso que el exceso velocidad, de carga de los camiones, las fallas mecánicas, el uso de dispositivos móviles, la fatiga del conductor y factores climatológicos, son algunas de las razones por las que esta carretera es de alto riesgo.

A favor del resolutivo, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, señaló que el PRI respalda la iniciativa del gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que las instancias federales, estatales y municipales trabajen en estrecha coordinación, a fin de reducir los factores de riesgo y prevenir el número de accidentes que hay en este tramo carretero.

Resaltó que en la zona metropolitana del Valle de Toluca --la quinta más poblada del país-- hay más de 12 mil centros de trabajo, que dan ocupaciones a casi 540 mil asegurados, sólo por mencionar a los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La legisladora priista coincidió en que se deben aplicar más medidas de seguridad y una campaña de concientización y orientación vial para la prevención de accidentes, mediante folletería, que indique las zonas de riesgo, puntos de revisión y límites de velocidad.

Del Partido Acción Nacional, el senador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció la importancia de la carretera México – Toluca, debido a que circulan diariamente un promedio de 120 mil vehículos, “el más alto del país”.

Asimismo, subrayó, cuenta con el tramo la Marquesa-Lerma, que va del kilómetro 35 al 48, que presenta características topográficas, descendientes fuertes y prolongadas en aproximadamente 11 kilómetros, lo cual hace aún más peligroso su tránsito.

Por su parte, el senador perredista Luis Sánchez Jiménez, precisó que el trabajo para reforzar la seguridad vial en el tramo carretero no debe ser solamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de la Policía Federal, sino también le corresponde al Gobierno del Estado de México.

“Si ustedes circulan por ese tramo van a encontrar patrullas del Estado de México, de la Policía Estatal del Estado de México, que su labor es parar vehículos para revisar y extorsionar a los conductores; a eso se dedican”.

Entre las medidas sugeridas, planteó también el retiro de espectaculares, ya que distraen la atención de los automovilistas.

La senadora Martha Palafox Gutiérrez, del PT, destacó que los accidentes viales constituyen la sexta causa de muerte entre los mexicanos.

Por ello, dijo, insistimos en la intervención de las autoridades estatales como federales a fin de que efectivamente, se tomen medidas para evitar la frecuencia de accidentes que causan muertes, lesiones graves a gente inocente, así como la pérdida de vidas.

Pide PRD convocatoria abierta para elegir titular de la PGR

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– El senador Ángel Benjamín Robles Montoya propuso reformar la Constitución para que el nombramiento que haga el Ejecutivo federal del procurador general de la República y ratificado por el Senado, sea resultado de una convocatoria abierta.

Consideró que el designado deberá poseer estudios especializados en materia de justicia y derechos humanos, ser académico de alguna institución de educación superior o miembro de colegio de abogados reconocidos en el país que avale su honestidad y profesionalismo.

El legislador del PRD afirmó que ciudadanizar la elección del titular de la PGR y garantizaría objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo.

Por ello, dijo, resulta imperante que la función de procurador o procuradora recaiga en un científico del derecho que plasme la teoría y la investigación a la práctica eficaz y eficiente que proporcione resultados satisfactorios.

Además, debe contar con trayectoria profesional que avale su desempeño honesto, desarrollo intelectual de la doctrina del derecho en la procuración de justicia y tener un conocimiento científico y práctico del sistema judicial.

Con el método propuesto –abundó-- se dotaría de verdadera independencia funcional e institucional a la tarea de procurar justicia y no quedaría ninguna duda de la imparcialidad y libertad con que se designe al titular, pues sería seleccionado únicamente con base en la capacidad profesional de los aspirantes.

Finalmente, dijo que, en este procedimiento se harán exigibles estándares internacionales técnico-científicas, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, lo que abonará en el fortalecimiento de la institución y en el aumento en la confianza de los ciudadanos.

La iniciativa, que reforma los artículos 76, 78, 89 y 102 constitucionales, fue turnada a comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

Plantea AN 4% de votos para mantener registro a partidos

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– La senadora Mariana Gómez del Campo propuso reformas a la Constitución Política a fin de cancelar el registro al partido político que no obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales para diputados, senadores o presidente de la República.

A través de una iniciativa, la legisladora de Acción Nacional indicó que el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se destinará al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, como la obtención del voto durante los procesos electorales.

Además, subrayó, todo partido político que alcance por lo menos el cuatro por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

Al mismo tiempo, propuso una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el mismo sentido.

Aclaró que el espíritu de éstos requisitos tiene dos vertientes: legitimar la existencia de un instituto político con base en el porcentaje de votación obtenido en comicios, y verificar si el financiamiento público será necesario para hacer que determinado partido prevalezca como opción política.

En su exposición de motivos, destacó que con base en antecedentes históricos es necesario evitar que la creación de un partido político constituya un botín o instrumento de utilización personal o mezquino en la vida pública, a costa de argucias que obedecen sólo a intereses particulares.

También de pequeños grupos de personas que, a sabiendas de que no prosperará la oferta política que representa el instituto político, inducen arbitrariamente a la simulación de procesos democráticos para conseguir su subsistencia innecesaria y, peor aún, a costa del erario público.

Destacó que otras naciones que gozan de un sistema electoral que incluye algún mecanismo de representación proporcional, sostienen porcentajes más altos que México, como Alemania, que es del 5 por ciento y España, Japón e Italia, entre otros, del cuatro por ciento.

En su opinión, “un porcentaje tan limitado como el que México tiene (2 por ciento) incentiva la creación de partidos políticos sin legítima representación popular, de agrupaciones convertidas en jugosos negocios familiares, en instrumentos de chantaje, o en entes públicos al servicio de una sola persona o de pequeños grupos”.

Con esta propuesta –dijo—“lograremos que la calidad de los órganos legislativos mejoren porque cuentan con partidos que cumplen con su función representativa, que el costo de la democracia sea menor y que mejore la rendición de cuentas”.

La iniciativa, que reforma el artículo 41 constitucional, será turnada a las Comisiones Unidas y Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

Envía FCH iniciativa para combatir contaminación en mares

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– El presidente Felipe Calderón envió este jueves al Senado una iniciativa que tiene como finalidad el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marítimas mexicanas.

Para ello, personal de la Secretaría de Marina tendrá la facultad de “visitar o introducirse en cualquier obra, lugar, buque o aeronave --nacional o extranjera--estructura, plataforma, artefacto naval, almacén, en que se presuma la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos”.

Al respecto, el Ejecutivo plantea que las medidas preventivas y de seguridad que deberá adoptar la Marina comprenderán, entre otras, “la destrucción o hundimiento del buque o aeronave, incluyendo sus pertrechos, debiendo formular el acta correspondiente”. Además, se obliga a los capitanes, patrones de buques, piloto al mando de aeronaves, plataformas o personas que se equiparen, los encargados de la construcción de obras o de cualquier otra actividad, a dar las facilidades a los elementos de la Marina para que lleven a cabo visitas de verificación y vigilancia.

También deberán proporcionar la documentación e información que le sea requerida, así como permitir el acceso a todas las áreas del buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, y exhibir el permiso de vertimiento.

El Ejecutivo considera “primordial” autorizar a los inspectores de la Semar “para conducir al infractor y al buque o aeronave al puerto más cercano y que imponga la obligación del interesado de exhibir billete de depósito, para garantizar la reparación de los daños y multa que se le pudiera aplicar”.

En la exposición de motivos, el primer mandatario plantea que la Marina pueda expedir o dar por terminados los permisos de vertimientos, así como suspender cualquier descarga “deliberada” de desechos u otras materias que contravengan lo dispuesto por la ley.

Se precisa que no se autorizarán los desechos en áreas naturales protegidas y zonas de influencia.

Asimismo, la Semar tendrá la facultad de otorgar permisos para vertimiento a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjeras después de realizar una evaluación técnica y científica a la materia que se pretenden desechar.

El presidente Calderón destacó que la Armada cumple un papel histórico en estos tiempos, por lo que requiere instrumentos legales que satisfagan sus reclamos y necesidades.

Ello, se puntualiza en el documento, permitirá optimizar sus recursos para alcanzar las metas propuestas coincidentes de que el progreso y la paz social son perdurables en un Estado de derecho

La iniciativa, que busca expedir la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas se envió a las comisiones de Marina y de Estudios Legislativos Segunda.

Urge Ley de Procedimientos Policiales: PRD

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– El grupo parlamentario del PRD en el Senado presentó una iniciativa con la finalidad de regular, bajo el pleno respeto a los derechos humanos y garantías individuales, el uso de la fuerza de las corporaciones policiales para restablecer el orden y evitar actos violentos que afecten la seguridad pública y el interés general.

La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza argumentó en tribuna que “en los últimos años la violencia institucional ha sido tan terrible como la del crimen”, por lo que establecer como principios la legalidad y la racionalidad para que el uso de la fuerza policial es fundamental.

Dijo que entre otros hechos, lo ocurrido en Michoacán, donde fueron desalojados “violentamente” estudiantes de las normales de Arteaga, Cherán y Tirepetío, “es una muestra clara del exceso que hasta el momento han tenido las fuerzas federales en el ejercicio de sus funciones”.

Por ello, agregó, es necesario expedir la Ley de Procedimientos Policiales y Uso legítimo de la Fuerza Necesaria, a fin de establecer un marco normativo para el desempeño de la policía federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México.

El nuevo ordenamiento, precisó, contiene criterios específicos para someter a cualquier persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad judicial, prevenir la comisión de conductas ilícitas, proteger bienes jurídicos y por legítima defensa.

Además, se establecen niveles para determinar el uso de la fuerza necesaria que van desde la disuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de armas no letales y como última opción el empleo de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de controlar la resistencia activa agravada.

Las armas de fuego, se enfatiza en la iniciativa, no deberán ser empleadas para arrestar a una persona que sea responsable únicamente de faltas administrativas ni como señal de advertencia.

Asimismo, el policía no podrá usar armas letales en el control y la dispersión de manifestaciones y en caso de que una protesta sea violenta, para su control y dispersión se deberá conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud y advertirles claramente que de no hacerlo se usará la fuerza.

La propuesta se turnó a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

Proponen senadores ampliar incentivos fiscales al cine

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– El senador Javier Corral Jurado, de Acción Nacional, presentó una iniciativa para consolidar y ampliar los incentivos fiscales que se otorgan a la industria cinematográfica, fortalecer al cine mexicano y fomentar la producción independiente.

Con el apoyo de senadores del PAN, PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el legislador propuso modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incrementar de 500 a 650 millones de pesos por cada ejercicio fiscal y de 20 a 30 millones por proyecto, el apoyo a la inversión cinematográfica nacional.

Sugirió que el monto del crédito asignado pueda utilizarse de manera indistinta en largometrajes, películas y series para televisión, así como para contenidos en formatos y dispositivos digitales e Internet.

Aclaró que para el caso de producciones para la llamada pantalla chica y formatos digitales el estímulo sólo se otorgue a compañías independientes no relacionadas con las cadenas de televisión concesionadas actualmente.

El legislador por Chihuahua consideró que para cada ejercicio fiscal se requiere un Comité Ejecutivo que evalúe los proyectos de inversión, integrado por un representante de la Secretaría de Hacienda, del Instituto Mexicano de Cinematografía, de los sectores de producción, distribución y exhibición, así como de la Cámara Nacional de la Industria del Cine.

En su exposición, planteó créditos fiscales a los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la distribución de películas cinematográficas nacionales, equivalentes al monto que aporten para la promoción en el ejercicio fiscal de que se trate.

La propuesta pretende modificar la Ley Federal de Cinematografía con la finalidad de establecer como una obligación la permanencia de películas mexicanas y extranjeras que en su semana de estreno y subsiguientes tengan una ocupación del 25 por ciento de boletos vendidos de las butacas disponibles por sala.

Corral Jurado expuso que los eslabones de la cadena de esta industria están mal articulados y obtienen beneficios --legales y fiscales-- diferentes, pero con poca incidencia.

Sin embargo, en México se produce mucho cine, principalmente artístico y de buena calidad, que a veces no se conoce porque no se promueve o promociona adecuadamente, por problemas en la distribución.

Recibe Senado iniciativa para regular compañías de seguros

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– El Senado dio entrada a la iniciativa del presidente Felipe Calderón, que busca crear la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con la finalidad de regular la organización, operación y funcionamiento de este tipo de corporaciones y, con ello, proteger los intereses públicos.

De esta manera, el Ejecutivo federal pretende unir en un solo ordenamiento a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Federal de Instituciones de Finanzas.

Propone que este tipo de empresas divulguen y transparenten su situación financiera, a fin de que asuman su responsabilidad ante el mercado y den a conocer su perfil de riesgo y nivel de capitalización.

Sin embargo, se precisa en el documento, ello no implica de ninguna manera que el Estado deje de cumplir con su función de supervisión.

En este sentido, se sugiere que esas empresas efectúen anualmente una prueba de solvencia dinámica, a fin de evaluar la suficiencia de sus fondos propios admisibles para cubrir el requerimiento de capital.

Asimismo, las instituciones estarán obligadas a revelar al público su nivel de riesgo, conforme a la calificación de calidad crediticia que les otorgue una empresa calificadora especializada.

El presidente Calderón dejó en claro que de aprobarse su propuesta contribuiría a la transformación del mercado de garantías, al incorporar el seguro de caución, en un entorno de mayor competencia, eficiencia y eficacia.

Al respecto, hizo notar que mediante esta figura “una aseguradora se obliga a indemnizar al asegurado, a título de resarcimiento o penalidad, por los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos en el contrato de seguro”.

Por otro lado, se destaca que uno de los propósitos fundamentales es que las aseguradoras y afianzadoras cuenten con recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades y todos los riesgos a los que estén expuestas.

Para lograr lo anterior, se les permite desarrollar modelos internos que calculen su nivel de “capital ideal” con base en los riesgos propios, los cuales deberán atender ciertos principios y obtener la aprobación por parte del órgano supervisor.

De igual manera, se pretende que estas instituciones dispongan de un sistema “eficaz” de gobierno corporativo, con la finalidad de garantizar una gestión sana y prudente de su actividad, además su instrumentación estará a cargo de su consejo de administración.

La iniciativa también redistribuye las facultades que actualmente tienen la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sin modificar las que corresponden al Banco de México y otorga atribuciones a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros.

El ejecutivo federal propone prisión de tres a quince años y multa de 5 mil a 20 mil días de salario a quienes infrinjan esta ley.

En el documento se subraya que a pesar de la crisis mundial que afectó a los mercados internacionales durante 2008, los sectores de seguros y finanzas en México mostraron un crecimiento real de sus primas directas del 1.0 y 6.6 por ciento respectivamente. No obstante, destaca la necesidad de revisar el marco normativo de la actividad aseguradora y afianzadora para avanzar en la actualización del régimen vigente relativo a la solvencia, estabilidad y seguridad de este sistema.

Por ello, se explica, esta propuesta contiene los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia, de tal forma que permitan “el desarrollo sano y ordenado de estas actividades para las próximas décadas”.

La iniciativa que busca expedir la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reformar la de Contrato de Seguro se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.

Propone AN involucrar más al Senado en política exterior

México, D.F., jueves 25 de octubre de 2012.– Mientras el Senado permanezca detrás de los actos del Ejecutivo y sin la posibilidad de sugerir acciones concretas para la formulación y ejecución de la política exterior, ésta “seguirá careciendo de efectividad fáctica”, advirtió la senadora panista Gabriela Cueva Barrón.

Por esa razón, propuso reformar la Constitución para que sea facultad exclusiva de la Cámara de Senadores ratificar el nombramiento del titular y los empleados superiores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los tratados internacionales suscritos por el presidente de la República.

Planteó que los convenios que México suscriba con otros países deben ser ratificados por mayoría absoluta del pleno senatorial, salvo aquellos que incorporen normas relativas a los derechos humanos, que se pueden validar por mayoría calificada.

Además, sugirió que los senadores autoricen al Ejecutivo federal la salida de unidades de la Fuerza Armada fuera de los límites del territorio para su participación en operaciones específicas de paz o de ayuda humanitaria.

La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores destacó que en 2007 se amplió la participación del Senado en la aprobación de convenios internacionales y en el proceso para terminar, denunciar, suspender, modificar o retirar reservas sobre los mismos, pero “tristemente” este ha sido “un ejercicio a posteriori de los actos presidenciales.”

“Ya es tiempo de que el Senado represente un coadyuvante eficaz del Ejecutivo en la política exterior y esto inicia con mayor participación, sobre todo con mecanismo de control en el nombramiento de quienes la conducen”, a fin de darle a México “el peso que requiere ante las naciones del mundo”, subrayó.

Cuevas Barrón consideró que la atribución constitucional para sólo “analizar” dichas acciones, “parece más un ejercicio vano de reflexión o en todo caso de discusión, que una facultad que lleve a una participación activa del Senado”.

La iniciativa, que también fue suscrita por el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado y coordinador parlamentario de Acción Nacional, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera.

Comisión de Hacienda aprueba Ley General de Contabilidad

Ciudad de México, miércoles 24 de octubre, 2012.– La Comisión de Hacienda aprobó esta noche en lo general la minuta que envió el Senado sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo particular se presentaron seis reservas a artículos y otra en un transitorio.

La minuta se presentará este jueves al Pleno de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Hacienda, integrada por 44 diputados, inició este miércoles su reunión alrededor del mediodía y tras dos recesos reanudó la discusión a las 21:45 horas, para minutos después aprobar la minuta en lo general y luego, en una segunda votación, las reservas acordadas.

La primera reserva, propuesta por Nueva Alianza, es al artículo octavo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para establecer que a las sesiones del Consejo Nacional de Armonización Contable podrá invitarse permanentemente al titular de la Auditoría Superior de la Federación.

La segunda fue propuesta por el PVEM y reforma la fracción novena del artículo 9 para establecer que el Consejo tendrá la facultad de analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, incluyendo aquellos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran a efecto de implementar lo dispuesto en esta Ley.

La tercera reserva la propuso la bancada del PRD y es sobre el artículo 23 para establecer que los entes públicos deberán incluir en su cuenta pública la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el Consejo.

También el PRD se reservó la fracción primera del artículo 77 para establecer que las entidades federativas incluyan en los reportes periódicos la información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados, con los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública.

La misma bancada presentó la reserva al último párrafo del artículo 80, el cual señala que respecto a los programas sociales, el Consejo desarrollará las normas, metodologías, clasificadores y los formatos a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El grupo de trabajo de la Comisión de Hacienda presentó la sexta reserva, a la fracción cuarta del artículo 85 del Capítulo de las Sanciones, para establecer que se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables.

La última reserva la presentó el PRI al cuarto transitorio, para establecer que el Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título V de la Transparencia y Difusión, de la Información Financiera de la Ley General de la Contabilidad Gubernamental, a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, en lugar del mes de marzo.

Regresa dictamen de Reforma Laboral a diputados

México, D.F., martes 23 de agosto, 2012.– El Senado de la República regresó a la Cámara de Diputados el dictamen a la minuta de reforma laboral, luego de incorporar cambios en materia de transparencia, democracia sindical, rendición de cuentas y contratos colectivos de trabajo.

Previamente, el pleno aprobó en lo general el dictamen con 100 votos a favor y 28 en contra y enseguida se dio paso a la discusión en lo particular de 39 artículos reservados por los grupos parlamentarios del PAN y el PRD, de los cuales ocho de ellos recibieron el visto bueno.

Uno de los temas más relevantes que la asamblea resolvió incluir en el dictamen se dio a través del respaldo unánime de 128 sufragios a las reservas a los artículos 364 bis y 365 bis, para dejar en claro que el registro de los sindicatos sea público y bajo principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, equidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.

Más adelante, con una votación de 67 votos a favor por parte del PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y 61 en contra del PRI y PVEM se aprobaron cambios al artículo 371, con el propósito de que la elección de las dirigencias sindicales sea mediante voto libre, directo y secreto.

De esta manera, las autoridades deberán hacer pública, para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos, así como expedir copias de los documentos que obren en los expedientes que se les soliciten en términos del artículo 8 de la Constitución y de las leyes que regulan el acceso a la información gubernamental.

Además, el texto íntegro de las versiones públicas de sus estatutos tendrá que estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.

Del mismo modo, se establece que los estatutos de los sindicatos contengan “el número de miembros de la directiva y el procedimiento para su elección, que deberá ser mediante voto libre, directo y secreto”, así como la época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento.

Para tales efectos, se agrega, se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de las controversias entre los agremiados con motivo de la gestión y los fondos sindicales.

Las bancadas del PAN y PRD también reformaron con 66 votos favor contra 62 del PRI, PVEM y Nueva Alianza el artículo 373 para establecer que las directivas de los sindicatos informen --por lo menos cada seis meses-- a sus agremiados sobre la administración del patrimonio sindical, la situación de los ingresos por cuotas y otros bienes, así como su destino.

Se especificó en el texto que esa obligación no será “dispensable” y en todo momento cualquier trabajador tendrá derecho de solicitar la información correspondiente a los dirigentes del gremio.

Además, se agregó que en caso de que los sindicalizados no hubieren recibido esos datos o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales podrán acudir a las instancias y procedimientos internos o tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda “el cumplimiento de dichas obligaciones”.

También se hizo notar que el ejercicio de ese derecho por parte del trabajador inconforme en ningún motivo implicará la pérdida de sus derechos sindicales ni será causa de expulsión o separación del sindicato.

En otra modificación, con 66 votos a favor y 62 en contra, se incluyó en los artículos 388 bis y 390 los requisitos y procedimientos que un sindicato deberá cumplir para celebrar un contrato colectivo de trabajo.

Para ello, se agregó que las organizaciones sindicales promoverán ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, la solicitud que contendrá el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo, la determinación de los salarios, el registro de la directiva sindical y de sus estatutos, así como el listado de los nombres de los trabajadores, entre otras medidas.

También, con 128 votos en pro, el pleno avaló los cambios al artículo 391 bis para incluir que las juntas de Conciliación y Arbitraje harán públicos los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos interiores de los sindicatos, a fin de que cualquier persona pueda consultar esa información

Asimismo, esos organismos tendrán que expedir copias de los documentos en los términos que dispone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De igual manera, con 128 votos, los senadores adicionaron el artículo 424 bis al proyecto de decreto, a efecto de indicar que las juntas de Conciliación y Arbitraje deberán hacer públicos los reglamentos interiores de los sindicatos para cualquier persona pueda consultarlos.

Tras la aprobación, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, dijo que a partir de esta devolución, la Cámara de Diputados deberá analizar, discutir y votar únicamente el artículo que fue modificado y los siete que fueron adicionados por los senadores.

Si coincide con lo que estamos proponiendo, agregó, enviará al Ejecutivo federal el decreto resultante para su promulgación, pero si no las acepta remitirá el proyecto que considere nuevamente a la Cámara de Senadores, “para que conozcamos y analicemos lo que proponga”.

Avala Senado en lo general la Reforma Laboral

México, D.F., martes 23 de agosto, 2012.– El pleno de la Cámara de senadores aprobó con 100 votos a favor y 28 en contra, en lo general y en lo particular los artículos no reservados, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Al fundamentar el dictamen, el senador priista Ernesto Gándara Camou, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, afirmó que con la votación del proyecto “estamos desterrando una de las prácticas más nocivas para el avance del país: el de la congeladora legislativa”.

Aseguró que la enmienda dará paso a la generación de empleos, al crecimiento económico y a una mayor competitividad y productividad, ya que México lleva muchos años con una economía en franco estancamiento y con ausencia de dinamismo.

En su opinión, las nuevas modalidades de contratación, como el outsourcing, impulsarán un mercado laboral “moderno y flexible” y asegurarán la protección de los derechos de los trabajadores.

A su vez, el senador panista Raúl Gracia Guzmán, titular de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, reconoció que hay temas, como el régimen de subcontratación, en donde hubo avances pero debido a su complejidad “puede llegar a ser necesaria, si la práctica así lo exige, una posterior modificación”.

Sin embargo, manifestó que no es válido desdeñar los avances que contiene la minuta de la colegisladora “pero tampoco lo es perder nuestro carácter de cámara revisora”.

En este sentido, hizo notar que con los cambios aprobados se mejora la normatividad en los rubros de justicia laboral, trabajo digno, productividad y generación de fuentes de empleo, además de que ofrecen certeza jurídica y económica al fijar un límite a los salarios vencidos.

A nombre del PRD, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno consideró necesaria una reforma para reactivar la economía, mejorar la condiciones laborales, generar más empleos y democratizar el funcionamiento de lo sindicatos.

Sin embargo, enfatizó, “no queremos una salida fácil ni podemos respaldar ninguna reforma que atente contra los derechos de los trabajadores” y con disposiciones que van a deteriorar aún más su ya de por sí precario nivel de vida”.

Afirmó que el proyecto “es un retroceso en materia de derechos sociales”, pues “utiliza figuras y modalidades para abaratar la mano de obra”, reducen los derechos de los trabajadores y “hacen incierto el futuro laboral de millones de mexicanos”.

En su turno, el senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, manifestó que en este, como en otros temas fundamentales de la agenda nacional, “la inmovilidad y la parálisis no son una opción viable”, menos aún cuando nuestro país atraviesa por una etapa de enorme complejidad que amenaza la tranquilidad y el patrimonio de millones de mexicanos”.

Destacó que en México hay estabilidad económica, pero no hay crecimiento, pues en los últimos 25 años la tasa de incremento promedio del Producto Interno Bruto no ha superado el dos por ciento, que es una de las más bajas del mundo.

Adicionalmente --dijo-- no se han creado los empleos que demanda la población y tan sólo en el mes de julio el índice de desempleo abierto se ubicó en cinco por ciento y algunas proyecciones señalan que este sexenio cerrará con un déficit de más de tres millones de puestos de trabajo.

En su turno, el senador petista Manuel Bartlett Díaz aseguró que la iniciativa preferente es un mecanismo “perverso” y un fast track que obliga a que en 30 días se haga “lo que se ha hecho” con dictámenes prefabricados, “porque no puede ser que ayer mismo terminaran un dictamen de este tamaño”.

Advirtió que las modificaciones laborales rompen el equilibrio que establece la Constitución entre las fuerzas productivas en beneficio de los patrones, pues viola el principio esencial del artículo 123, lo que la convierte en una reforma “claramente patronal”.

Además --agregó-- esta enmienda se enmarca de manera perfecta en los lineamientos de reformas estructurales de segunda generación que dictan los organismos internacionales en base al Consenso de Washington.

Por su parte, el senador del PRI, David Penchyna Grub dejó en claro que la reforma laboral “por sí sola” no generará más empleos ni combatirá “el mayor de lo flagelos de nuestra economía: la desigualdad en el ingreso”.

Debido a ello, aclaró, “nosotros vamos a impulsar una agenda consecuente y lógica”, a efecto de generar las condiciones que impulsen las reformas energética, hacendaria y educativa para que acompañen “este primer esfuerzo”.

Por otro lado, subrayó que su bancada está a favor de la transparencia, democracia y rendición de cuentas en los sindicatos, “pero también estamos a favor de un concepto que le dio vida y sentido en el siglo XX a este país, que es la autonomía sindical con base a lo que establece la Constitución”.

Por Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón destacó que la reforma laboral “es un paso adelante en el sentido correcto”, porque está orientada a incrementar la competitividad y productividad, así como promover el trabajo decente.

Aseguró que es falso que las modificaciones planteadas atentan contra la letra o el espíritu del artículo 123 constitucional o de algún convenio suscrito por México en la Organización Internacional del Trabajo.

Por ello, expresó que los temas de transparencia y democracia sindical, que “fueron mutilados conscientemente en la cámara de origen, “no pueden esperar” y “merecemos todo el respeto como Cámara revisora, no somos una ventanilla de agilización de trámites”.

Al manifestar su voto en contra, la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, afirmó que la reforma representa un duro revés a las conquistas de la clase obrera, pues en lugar de tutelar al trabajo, protege al capital.

Dijo que “es un reforma hecha a modo de los patrones, dueños de las empresas agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial y Confederación de Cámaras Industriales, que son los únicos beneficiarios”.

Posteriormente, senadores de varios grupos parlamentarios se reservaron 39 artículos del proyecto para su discusión en lo particular.

Sugiere PVEM promover estrategias de crecimiento sustentable

Ciudad de México, martes 23 de octubre, 2012.– El senador Juan Gerardo Flores Ramírez presentó este martes una iniciativa donde propone incluir la perspectiva ambiental y de crecimiento verde en la lista de principios de la planeación democrática que habrá de llevar a cabo el Estado.

De aprobarse, esta iniciativa de reformas a la Ley de Planeación coadyuvará a un medio ambiente limpio y sustentable, al promover la generación de acuerdos, consensos, propuestas y políticas que incluyan un enfoque de crecimiento verde.

Además, explicó, responde a la existencia de políticas indiscriminadas en el uso de recursos naturales, altamente depredadoras y contaminadoras en aras del desarrollo a corto plazo, y que han demostrado ser poco sostenibles en el largo plazo.

Ello, debido a que se ha registrado escasez de recursos naturales ante la sobreexplotación a los bosques y selvas, y son evidentes los desequilibrios y efectos adversos que generan desastres naturales con consecuencias devastadoras ante talas indiscriminadas, destrucción del ecosistema y la biodiversidad en aras de la urbanización y el cambio climático.

El planteamiento, dijo, corresponde a las propuestas y compromiso del Partido Verde Ecologista de México en el sentido de pugnar por un medio ambiente limpio y sustentable promoviendo la generación de acuerdos, consensos, propuestas y políticas públicas que incluyan un enfoque de “Crecimiento Verde”.

Asimismo, fortalece y respalda la propuesta en materia ambiental y desarrollo sustentable, reconociendo el compromiso del gobierno entrante por orientar un nuevo crecimiento para el país.

Adicionalmente, señaló que en junio de 2009, 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron una Declaración, con la que se formula una Estrategia de Crecimiento Verde que incluya aspectos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y de desarrollo.

En dichos trabajos, precisó, se reconoce la posibilidad de compatibilizar el modelo y las estrategias de crecimiento y desarrollo, con una conciencia ambiental y de sustentabilidad, estableciendo nuevos hábitos de consumo, tecnología e infraestructura.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

Pide PRI respetar derecho de petición ciudadana en 15 días

Ciudad de México, martes 23 de octubre, 2012.– El senador priista Arturo Zamora Jiménez, presentó reformas a la Constitución, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a los mexicanos en ejercicio del derecho de petición, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, y no en breve término, como se especifica actualmente.

Explicó que la Carta Magna establece la obligación de las autoridades de atender las peticiones de los ciudadanos y dar respuesta escrita al peticionario en breve término, que lejos de garantizar una expedita administración, introduce una clarísima inseguridad jurídica en perjuicio de los gobernados.

Además, abundó, esa expresión, lejos de interpretarse en su más recto sentido de celeridad e inmediatez, más bien introduce una clara imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de los servidores públicos encargados de su cumplimiento.

Por ello, consideró que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad ante quien se haya presentado, la cual tiene obligación de notificarlo al peticionario dentro del término de 15 días hábiles, con excepción de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga.

El término de 15 días hábiles que se propone –añadió--, es más que suficiente para resolver sobre la respuesta que debe darse a los ciudadanos en cualquier

Materia.

El legislador dijo que no pasa inadvertido que dentro de la administración pública federal, estatal y municipal existen procedimientos administrativos en que las leyes señalan términos mayores a 15 días hábiles para dar una respuesta a los ciudadanos. “Toda norma jurídica, para que sea exitosa, necesita de un delicado proceso de adecuación a las nuevas circunstancias”, apuntó.

“Por ello el proyecto que hoy propongo dispone de una vacatio legis (periodo que transcurre desde la publicación de una norma en el Diario Oficial hasta que entra en vigor) que se extenderá hasta por un año a partir de la promulgación de la reforma.

En ese término, dijo finalmente, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adecuar sus procedimientos administrativos para dar satisfacción oportuna a la nueva norma constitucional.

La iniciativa, que reforma el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución, fue turnada a comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera.

Garantizar pensión alimenticia, pide PRI

México, D.F., martes 23 de agosto, 2012.– La senadora priista Hilda Estela Flores Escalera planteó modificaciones a diversos ordenamientos con el propósito de crear un mecanismo eficaz para garantizar la pensión alimenticia a quienes tengan ese derecho.

En este sentido, propuso un esquema de obligatoriedad de patrones para que informen puntualmente al sistema de seguridad social respecto de los trabajadores que tengan la obligación, por resolución o convenio judicial, de otorgar pensión alimentaria.

El patrón también tendrá la obligación de llevar un registro de deudores alimentarios respecto de los trabajadores que tengan afiliados, e informar a la autoridad judicial en dónde se decretó la entrega de pensión alimenticia respecto de trabajadores obligados.

Además, le da a la autoridad judicial la atribución para comunicar al patrón la obligación de la deuda alimentaria respecto de aquellos trabajadores que contrate.

En la normativa vigente --explicó-- se establecen disposiciones que aseguran que la pensión llegue a quienes tienen derecho a recibir los derivados de una relación de parentesco e incluso se coloca por encima del correspondiente a los ingresos y bienes de quien tenga bajo su responsabilidad el abastecimiento de alimentos.

Sin embargo, consideró que muchas veces “escapa a la Ley” la manera de hacer exigible y verificable el cumplimiento de este derecho, especialmente en los casos en que existe una separación temporal o definitiva entre conyugues o concubinos, pues no hay garantía de que se cumpla con el derecho de alimentos y se evite poner en riesgo el desarrollo de los hijos.

La propuesta, recalcó, pretende abarcar el gran universo de trabajadores inscritos en los sistemas de seguridad social en el país, los asegurados por el ISSSTE, IMSS e ISSFAM, donde hay un número importante de trabajadores deudores alimentarios que quedan fuera.

La iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes de los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal, se turnó a las comisiones unidas de Seguridad social y de estudios legislativos.

Impulsa PRI programa de fomento a economía social

México, D.F., martes 23 de agosto, 2012.– La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó reformas a la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS) para que incluya en sus programas de apoyo y estímulos a grupos vulnerables de la población, como personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores e indígenas que presenten proyectos productivos para su propia manutención.

Para ello, propuso crear el Programa de Fomento a la Economía Social, a fin de apoyar los proyectos productivos que permitan a estos grupos sociales generar recursos para sus familias y participar en esquemas de financiamiento.

En tales apoyos deberán establecerse mecanismos que impulsen la participación de personas discapacitadas y grupos sociales de mujeres, adultos mayores e indígenas, en proyectos productivos, en condiciones de igualdad de oportunidades con los demás miembros de la sociedad.

Lo anterior porque la LESS no apoya iniciativas productivas individuales o de grupos sociales, discrimina a las mujeres y se contrapone a las acciones a favor de estos grupos.

También contraviene instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos, de inclusión económica y de combate a la pobreza en los que México es firmante, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Respecto a las personas con discapacidad, explicó que enfrentan diversos problemas que les impiden incorporarse a una actividad productiva, como las barreras arquitectónicas (no hay rampas en banquetas ni semáforos con sonido), hasta la falta de una enseñanza de lenguaje de señas, cuando se trata de individuos con discapacidad auditiva.

Lo anterior genera dificultades de organización y coordinación para la conformación de proyectos y cooperativas, subrayó.

Dijo que programas como el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, que impulsa acciones económicas a favor de personas con discapacidad “se vería en peligro si continuamos con la disposición establecida en la LESS que obliga a los solicitantes de recursos a constituir una figura asociativa mercantil”.

Por lo anterior, enfatizó la necesidad de que la LESS considere la posibilidad de que estos sectores de la población sean susceptibles del otorgamiento de apoyos, aun cuando se trate de iniciativas individuales o a través de la constitución de grupos de trabajo, en proyectos productivos adecuados a sus necesidades específicas.

La iniciativa que reforma los artículos 4, 7 y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, se turnó a las comisiones de Fomento y Estudios Legislativos, Segunda.

Propone FCH a Juan de Dios Castro como magistrado del TFJFA

México, D.F., martes 23 de agosto, 2012.– El presidente Felipe Calderón propuso a Juan de Dios Castro Lozano como magistrado de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en sustitución de Francisco Cuevas Godínez.

En un oficio dirigido a la Mesa Directiva del Senado, el titular del Ejecutivo federal dio a conocer que el pasado 18 de octubre Cuevas Godínez presentó su renuncia al cargo, “por lo que es necesario proveer lo conducente para la debida integración de la Sala Superior del Tribunal”.

Hizo notar que Castro Lozano cumple cabalmente con los requisitos que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica del TFJFA y su nombramiento contribuirá al fortalecimiento de esta importante institución del Estado, en beneficio de los justiciables.

En el expediente, que se turnó a las comisiones de Justicia y Hacienda para su dictamen correspondiente, se da cuenta de la trayectoria profesional y amplia experiencia en el sector público del político y académico originario de Durango.

Destacó que fue secretario de Acuerdos, juez local letrado mixto y civil en el Poder Judicial de Coahuila, dictaminador jurídico de la Secretaría de la Reforma Agraria, diputado federal en las LI, LIII, LV y LIX legislaturas, así como senador de la República en las legislaturas LVI y LVII.

Además, fungió como consejero jurídico del Ejecutivo federal del 2000 a 2003 y de 2005 a 2006, y subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República.

Actualmente, trabaja en la implementación del sistema penal acusatorio en la Procuraduría General de la República.

Juan de Dios Castro es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con maestría en derecho Laboral por la misma institución, así como diplomado en derecho penal por la Universidad Iberoamericana, Plantel Laguna.

Asimismo, es autor de diversas obras jurídicas entre las que destacan Las Partes en el Juicio de Amparo y La Justicia Constitucional y la Interpretación de la Constitución en México.

En la sesión de este martes, el presidente de la República también presentó a la Cámara de Senadores la terna de candidatos para sustituir a Rodolfo Veloz Bañuelos en el cargo de magistrado en el Tribunal Superior Agrario.

Se trata de Rocendo González Patino, Odilisa Gutiérrez Mendoza y Luisa Ramírez Romero, quienes reúnen los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y cuentan con la honorabilidad, capacidad técnica y experiencia necesaria para desempeñar el cargo.

El 29 de mayo Veloz Bañuelos cumplió setenta y cinco años de edad, por lo que se ubicó en su periodo de retiro.

La documentación de los candidatos se envió a las comisiones de Reforma Agraria y Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

Mesa Directiva resolverá dictamen de Reforma Laboral

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– Después de tres rondas de empate en la votación, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera del Senado turnaron a la Mesa Directiva el dictamen a la minuta que reforma la Ley federal del Trabajo “para los efectos conducentes”.

En la discusión en lo particular de ocho artículos reservados por el PAN y el PRD en materia de democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas, se registró un empate de seis contra seis sufragios por parte de los integrantes de ambas comisiones.

El senador Ernesto Gándara Camou, titular de la Comisión del Trabajo, indicó que “se enviará el dictamen, primero, con su aprobación en lo general y luego con el empate en las tres rondas de votación de las reservas” a la Mesa Directiva para que “tome las decisiones correspondientes”, como lo dispone el artículo 151 del Reglamento del Senado.

Previamente, se aprobó en lo general el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados sobre la iniciativa preferente del presidente de la República.

El texto fue avalado con 10 votos a favor de senadores del PRI y del PAN contra 2 de legisladores del PRD.

En los considerandos, se reconoce la necesidad de contar con un marco jurídico “de acuerdo con la dinámica socio-laboral que México requiere”, a fin de mejorar las condiciones de trabajo, así como incrementar la productividad y los ingresos de los empleados.

Por ello, se procura proteger a los trabajadores de posibles abusos, engaños y simulaciones al regular “adecuadamente” la subcontratación o outsourcing, con el propósito de evitar la evasión en las obligaciones laborales por parte del contratistas o contratante.

En este sentido, se agrega, se establecen tres condiciones para este tipo de trabajo, que en caso de incumplirse el contratante se considerará como patrón, y se reglamenta la contratación de mexicanos en el extranjero para protegerlos de empleos en condiciones que atenten contra su dignidad, integridad y libertad.

Además, se menciona que la reforma facilita el empleo incorporando nuevas modalidades de contratación individual, periodos de prueba, capacitación inicial, salario por unidad de tiempo, trabajo de temporada, entre otros.

Con ellas, se subraya, los trabajadores que no tienen experiencia o el tiempo necesarios para ocupar un puesto por circunstancias específicas como madres, estudiantes y personas con discapacidad, puedan obtener un empleo acorde a sus necesidades.

En todos los casos e independientemente de la formas de contratación de que se trate, a todos los trabajadores se les pagará --cuando menos-- una jornada completa por día, sin importar las horas pactadas de trabajo.

Lo anterior, en virtud de que se ha incorporado, entre otras, la modalidad del salario por unidad de tiempo, el cual tiene como fin generar una flexibilidad para aquellos sujetos aptos para laborar en temporalidades inferiores a la jornada laboral completa.

Ello, siempre que se garantice el límite inferior que pueda convenir legalmente y recibir el empleado como remuneración, sin importar si trabaja una sola hora, la correspondiente a una jornada diaria completa de la plaza de que se trate.

Al someterse a discusión el dictamen en lo general, el senador priista Ernesto Gándara Camou, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se pronunció a favor de ratificar en sus términos la minuta que envió la Cámara de Diputados.

Explicó que después de que termine el mes de octubre existen las posibilidades de hacer una nueva reforma laboral, ya que ésta “adolece de situaciones importantes que hay que revisar en materia de empleo”.

Al fijar la posición del PRI, el senador Raúl Cervantes Andrade aclaró que su bancada no está en contra de la transparencia y democratización de los sindicatos, pues esos temas ya están incluidos en la minuta que aprobó la colegisladora.

Además, dijo que la reforma laboral es un asunto de integralidad y necesita una “interconexión” con otras enmiendas, a efecto de generar el crecimiento económico “que tanto necesita el país”.

Al anunciar el voto a favor de Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón dijo que se trata de “una buena reforma laboral” pero “incompleta”, por lo que su grupo parlamentario insistirá en el tema de democracia y transparencia sindical que fueron “mutilados” de la propuesta original en la Cámara de Diputados.

En este sentido, aseguró que “no es una ocurrencia del momento o de coyuntura” que su bancada quiera volver a incluir en el proyecto esos temas y por ello “seguiremos insistiendo hasta sus últimas consecuencias”.

En tanto, Alejandra Barrales Magdaleno anunció que el PRD votará en contra, en lo general del proyecto, debido a que “busca legalizar las formas extremas de explotación del trabajo” como el outsourcing, el empleo de prueba o por hora y eso “nos preocupa porque el horno no está para bollos”.

Advirtió que la propuesta del Ejecutivo federal plantea hacer competitivas a las empresas, a partir de abaratar la mano de obra, bajar los salarios y cancelar completamente las conquistas laborales, por lo que de prosperar se afectará el salario de los trabajadores hasta en un 10 por ciento.

Inaugura el presidente Calderón hotel en Chiapas

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró este fin de semana el Hotel Canto de la Selva en el Municipio Marqués de Comillas, Chiapas, cercano a la reserva de Montes Azules.

Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de los pobladores del Ejido Galacia en el Estado de Chiapas, la organización Natura Ecosistemas Mexicanos, y otras fuentes de financiamiento entre las que destacan la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y Fondo Banamex.

El hotel se ubica en un municipio donde el sector ambiental del Gobierno Federal trabaja y aporta recursos económicos para distintos proyectos y es parte de los esfuerzos por atraer turismo a México con conciencia ambiental.

Narro Robles entregará propuestas a diputados

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– El rector de la UNAM, José Narro Robles, entregará mañana martes a la Cámara de Diputados el documento "Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación", afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Luis Alberto Villarreal (PAN).

Narro Robles será recibido por la Jucopo y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, agregó el legislador.

Villarreal también señaló que se aprovechará la visita del rector a San Lázaro, por parte del PAN, para “refrendar nuestro compromiso con la educación pública, que tiene que verse reflejado en el presupuesto del 2013”.

El documento "Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación" fue elaborado por más de 60 organizaciones públicas, privadas y sociales convocadas por la UNAM, para que México salga del rezago que tiene en estas áreas.

En este documento figura la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría en Educación Superior.

Narro Robles presentó este documento la semana pasada a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y tiene previsto también hacerlo, además de la Cámara de Diputados, en el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Estamos convencidos de que darle a la ciencia, el saber y la cultura la relevancia que demandamos, es parte indispensable de la solución de nuestros problemas", ha dicho el rector de la UNAM.

Instalarán 13 comisiones ordinarias en San Lázaro

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– En la Cámara de Diputados serán instaladas, este martes, 13 comisiones ordinarias: Atención a Grupos Vulnerables, Turismo, Desarrollo Social, Fortalecimiento al Federalismo, Población, Distrito Federal, Justicia, Competitividad, Desarrollo Metropolitano, Economía, Infraestructura, Vivienda y Jurisdiccional.

De acuerdo con las convocatorias publicadas en la Gaceta Parlamentaria, la de Atención a Grupos Vulnerables (presidenta, Adriana Hernández Íñiguez-PRI), se instala a las 8:30 horas, en el salón E del edificio G; Turismo (presidente, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán-PAN), a las 10:00 horas, en la Zona C del edificio G.

Desarrollo Social (presidente, Fernando Charleston Hernández-PRI), a las 15:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I; Fortalecimiento al Federalismo (presidente, José Arturo Salinas Garza-PAN), a las 15:30 horas, en el salón de Protocolo del edificio A.

Población (presidente, Javier López Zavala-PRI), a las 16:00 horas, en sus oficinas, 4to piso del edificio D; Distrito Federal (presidenta, Laura Barrera Fortoul-PRI), a las 17:00 horas, en los salones de usos múltiples números 4 y 5 del edificio I.

Justicia (presidenta, Claudia Delgadillo González-PRI), a las 17:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I; Competitividad (presidente, Adolfo Orive Bellinger-PT), a las 17:30 horas, en el salón E del edificio G.

Desarrollo Metropolitano (presidente, Juan Manuel Fócil Pérez-PRD), a las 18:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I; Economía (presidente, Mario Sánchez Ruiz-PAN), a las 18:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Infraestructura (presidente, Alberto Curi Naime-PRI), a las 18:00 horas, en la Zona C del edificio G; Vivienda (presidente, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez-PRI), a las 18:00 horas, en el salón de Protocolo del edificio A; y la Jurisdiccional (presidente, José Rangel Espinosa-PRI), a las 18:45 horas, en el salón de Protocolo del edificio C.

De conformidad con el artículo 149, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, las juntas directivas de cada Comisión deberán elaborar su proyecto de calendario de reuniones anuales y remitirlo a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Diputados dicen sí a Ley de Contabilidad Gubernamental

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza (NA) y Movimiento Ciudadano (MC) adelantaron que votarán a favor de la minuta de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que envió el Senado, para transparentar y armonizar la aplicación de recursos públicos en los tres niveles de gobierno.

Los legisladores expresaron su opinión esta tarde, en una reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la que asistieron los subsecretarios de Ingresos, José Antonio González Anaya, y de Egresos, Carlos Treviño Medina, quienes explicaron el contenido de la minuta.

El diputado Fernando Charleston Hernández (PRI) dijo que su bancada votará a favor de la minuta porque su partido apoya la urgencia de que todos los entes públicos muestren cómo ejercen los recursos de los gobiernos federal, estatales y municipales.

“Esta iniciativa es una gran oportunidad para que podamos transparentar el recurso, que no es recurso nuestro, pero también los funcionarios públicos pueden ocuparla como un instrumento que los lleve a tomar mejores decisiones en el uso de los recursos públicos en el proceso presupuestario”, dijo.

“En el PAN estamos a favor de obligar a los entes públicos, al gobierno federal a los estatales y municipales a transparentar todos sus gastos y de los padrones de los beneficiaros de los diversos programas sociales”, señaló Carlos García González.

Aseguró que la ley cuenta con instrumentos importantes para normar y transparentar el ejercicio de los recursos de la administración pública gubernamental.

La minuta –agregó- integra mecanismos accesibles con lo que se abre la puerta para que los ciudadanos se involucren con el gobierno para revisar el gasto de los recursos públicos.

Fernando Cuéllar Reyes (PRD) destacó que su grupo parlamentario apoya los principios generales de la minuta, como la transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas.

Tomás Torres Mercado (PVEM) afirmó que las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental tienen utilidad política, pues contribuyen a dar un tratamiento homogéneo en el ejercicio de las finanzas públicas, por lo que el voto de su partido será a favor de la aprobación de la iniciativa.

Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano) también adelantó que su fracción votará a favor de la minuta enviada por el Senado, al considerar que se atienden las demandas de la sociedad sobre transparencia y rendición de cuentas, en sanciones en caso de incurrir en violaciones a la ley.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) se pronunció a favor de aprobar la minuta porque fortalece la transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Treviño Medina, recordó que la ley marca los criterios generales para que todos los entes públicos puedan llevar su contabilidad de una manera ordenada y armonizada.

Comentó que busca implementar un sistema de administración financiara que genere en tiempo real todos los informes y reportes de rendición de cuentas de las diferentes instancias públicas.

El subsecretario de Ingresos, José Antonio González Anaya, explicó que la reforma armoniza los estándares para la difusión y transparencia de información.

En el caso de gobiernos estatales se deberán especificar participaciones, aportaciones, subsidios, ingresos propios, calendario de ingresos y una descripción de la deuda de los pasivos, así como el destino de los recursos.

Señaló que entre otras disposiciones, para el gobierno federal se establecen las prioridades de gasto, programas y proyectos principales, gastos en servicios personales, gastos de operación y de inversión.

La Comisión convocó a reunión para el próximo miércoles 24 de octubre a las 11:00 horas.

“PAN pierde a uno de sus principales ideólogos”

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– Con la muerte de Efraín González Luna Morfín, el PAN pierde a uno de sus principales ideólogos, afirmó el Grupo Parlamentario de ese partido.

Lamentó su muerte, ayer domingo a los 83 años de edad, y tras expresar sus condolencias a la familia les deseó que encuentren pronta resignación.

El Grupo Parlamentario del PAN recordó en un comunicado que González Luna Morfín fue “destacado miembro de Acción Nacional desde el año de 1959”.

Se desempeñó como diputado federal en 1967 y en 1970 fue candidato a la presidencia de la República y presidente nacional del PAN, en 1975.

También fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y ocupó diversos cargos públicos, el último como secretario de Educación Pública del estado de Jalisco de 1995 a 1998.

Fija Mayorga Delgado prioridades en Presupuesto 2013

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– Mayor crecimiento económico, más empleos, apoyo al campo, seguridad y combate a la desigualdad, serán prioridades del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (PRI).

“Todos sabemos que los recursos públicos nunca serán suficientes, pero tenemos que tener la seguridad y responsabilidad de que vamos a tener un presupuesto equilibrado y que vamos a cumplir lo más prioritario para un mejor desarrollo”, dijo durante la instalación de la comisión.

Subrayó que las discusiones del paquete económico deben ser transparentes, ya que es una exigencia de la ciudadanía, por lo que se pronunció por el diálogo permanente entre todas las fracciones políticas.

“El único interés, y creo que vamos a estar de acuerdo, es que tenemos que tener el diálogo suficiente para un presupuesto que sea incluyente y equitativo para el desarrollo del país”, indicó.

La diputada priista comentó que, de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió ya los pre criterios para el ejerció fiscal 2013, los cuales son el punto de partida para analizar el presupuesto.

“En estos pre criterios tenemos que tomar en cuenta que nuestro presupuesto va a ser inercial al ejercicio 2012, y estar atentos en materia de gasto y lo que corresponde al ingreso, para ser cuidadosos en el análisis”, dijo.

Subrayó que la situación económica mundial jugará un papel fundamental en la elaboración del paquete económico del próximo año, toda vez que es un factor que no debe perderse de vista, sobre todo lo referente a la crisis internacional de Europa y Estados Unidos.

Al término de la instalación de la comisión, la legisladora Mayorga Delgado especificó que el 15 de diciembre es el plazo límite para que el Gobierno entrante entregue a esta Soberanía el PEF de 2013, a fin de que el 31 de diciembre, a más tardar, sea aprobado por el Pleno.

“En estos momentos sólo analizaremos los pre criterios que la Secretaría de Hacienda envió hace unos meses, de cómo se encuentra la situación macroeconómica en el país y en el extranjero, para no ser ajenos”, adelantó.

Mayorga Delgado descartó que los legisladores que integran esta comisión tengan por ahora previsto reuniones con el equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, y con miembros del actual gabinete, para discutir el PEF del 2013.

Comentó que una de las prioridades en estos momentos es establecer la agenda de trabajo de la comisión, que podría reunirse en tres semanas.

La comisión se reunirá 6 de noviembre para aprobar el plan anual de trabajo y posteriormente los legisladores analizarán los pre criterios que la Secretaría de Hacienda envió con respecto del PEF- 2013.

PAN y PRD rechazan críticas de Norberto Rivera

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– Los coordinadores del PAN y PRD, Luis Alberto Villarreal García y Silvano Aureoles Conejo, rechazaron, por separado, las críticas del cardenal Norberto Rivera Carrera sobre la distribución de las presidencias de las 56 comisiones ordinarias de San Lázaro. “Las declaraciones del Cardenal (de que fue un reparto de cuotas) las respeto, (pero) no las comparto”, dijo el legislador panista.

“De acuerdo a lo que dice la Ley y el reglamento que nos rige (en la Cámara de Diputados), las comisiones se repartieron de manera proporcional. Si eso el cardenal lo refiere como reparto de cuotas, está en lo correcto, eso es lo que rige la norma, a cada partido y grupo parlamentario le corresponden ciertas presidencias”, expresó Villarreal García.

Sería bueno utilizar la frase popular que dice: zapatero a tus zapatos, respondió, por su parte, Aureoles Conejo.

“Nosotros no nos andamos metiendo en cómo se organiza la jerarquía católica; no andamos viendo cómo están las estructuras religiosas, entonces que respeten un poco”, solicitó el legislador del PRD.

Consideró como un intento de intromisión, las declaraciones de la Iglesia y le recomendó que mejor se dedique a atender a sus fieles.

Difícil que Reforma Laboral acabe con “cacicazgos”: Aureoles

Ciudad de México, lunes 22 de octubre, 2012.– El coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, señaló la posibilidad de que el Senado apruebe la Reforma Laboral sin incluir la transparencia ni democracia sindical, y cuestionó la reelección de Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps como líderes sindicales.

Expresó sus dudas de que en el Senado se mantenga el bloque formado por la izquierda y el PAN y dijo que la Reforma Laboral se podría aprobar en los mismos términos en que fue enviada por la Cámara de Diputados, sin transparencia en la rendición de cuentas de los sindicatos ni en la elección de sus dirigentes.

“Yo creo que al final, a la mera hora, los senadores del PAN no van a aguantar la presión de la Presidencia de la República y van a acabar dando sus votos al PRI para que pase la Reforma (Laboral) como está”, manifestó a la prensa Aureoles Conejo en el marco de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Agregó que, incluso, pudiera ser que el Partido del Trabajo (PT) ayude a dar la mayoría que requiere el PRI para que la reforma se apruebe en los términos de la Cámara de Diputados.

“Ojalá y esté equivocado, voy a celebrar si me equivoco, pero no lo veo tan fácil”, insistió el coordinador del PRD en San Lázaro.

Sin embargo, expresó su confianza de que en un futuro próximo se pueda ratificar una reforma que avale la transparencia y democracia sindical y “acabe con los cacicazgos en materia sindical, que no le ayudan al país”.

Calificó de “señal muy mala para el país” la reelección, el pasado fin de semana, de Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, al frente de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), respectivamente.

“No anuncian nada bueno”, a México le hace daño que exista un grupo enquistado en la dirigencia del sindicato de la paraestatal, cuando deberían ser los mexicanos los que se beneficiaran de sus ganancias, agregó.

También dijo que mientras la política educativa siga “secuestrada por intereses sindicales y mezclado con intereses electorales, no va a haber una transformación de fondo en un tema que es el pilar del desarrollo nacional”.